El Gobierno deroga el reglamento disciplinario universitario de 1954 por “obsoleto y preconstitucional”

La norma sanciona desórdenes públicos, falta de honradez o difamación de los estudiantes. El proyecto de decreto para eliminarla acaba de empezar su tramitación. A los rectores les preocupa el "vacío legal" que va a dejar la vieja regulación

Dos policías a caballo vigilan una manifestación en una universidad madrileña en mayo de 1968.
Dos policías a caballo vigilan una manifestación en una universidad madrileña en mayo de 1968.

El 8 de septiembre de 1954 el dictador Francisco Franco aprobó en el pazo de Meirás un reglamento de disciplina académica en la Universidad que desde entonces ha seguido vigente para los universitarios, pero no para los profesores, a quienes se aplica el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios (1986). El ministro de Universidades, Manuel Castells, se comprometió con los colectivos estudiantiles a ponerle fin a esta norma ―que sigue castigando los desórdenes públicos, la difamación y la falta de probidad (honradez)― y el proyecto de decreto para su derogación acaba de entrar en el trámite de audiencia e información pública. “El reglamento es obsoleto y punitivo desde cualquier punto de vista democrático”, afirmó Castells el 4 de marzo ante los alumnos. Los rectores consideran que supone un “vacío legal” porque no hay recambio jurídico.

Esta norma de 1954 castiga con la expulsión temporal o perpetua de la carrera las “manifestaciones contra la religión y moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado”, “la injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra los profesores” o “la suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación de documentos”. Unas medidas que a ojos del Gobierno atentan “contra principios y valores democráticos, la libertad y pluralismo religioso, la aconfesionalidad del Estado y la regulación actual del sistema universitario español”.

La norma franquista está plagada de preceptos anticonstitucionales. No regula el derecho de defensa del estudiante, no prescribe cuándo caducan las faltas, no considera los principios básicos de proporcionalidad y responsabilidad y atribuye la potestad de sancionar a un tribunal de honor. Por ese motivo, si el alumno recurre un castigo los tribunales le dan la razón pero con mucho retraso. Por ejemplo, cinco estudiantes fueron expulsados de la Universidad de Sevilla aplicando este reglamento por asaltar en 2002 el rectorado en protesta contra la LOU (Ley Orgánica de Universidades) con palanquetas y barras de hierro, y vaciando los extintores contra los guardias. Un sexto, que cursaba 5º de Pedagogía, tuvo que devolver el dinero que había recibido en becas. Nueve años después, la justicia les absolvió por falta de pruebas en la identificación.

El Gobierno, sin embargo, no tiene intención de elaborar un nuevo reglamento que se apruebe en el Parlamento con rango de ley. Considera que la Ley Orgánica de Universidades (2001) proporciona autonomía a los campus. “En desarrollo de este precepto, las universidades contienen ya en sus estatutos o normas de organización y funcionamiento un catálogo de derechos y deberes de los estudiantes, así como códigos de conducta”, se justifica en el borrador. El problema es que estos códigos no tienen peso por no tener rango de ley general y los rectores –enfrascados en la logística de la docencia semipresencial– discrepan del ministro, con el que dan muestras de gran sintonía, aunque no han alzado la voz públicamente.

Aprobar un nuevo reglamento

“Es una legislación que no casa con la Constitución y por eso se deroga”, apoya la medida Miguel Ángel Collado presidente de Asuntos Estudiantiles de la conferencia de rectores (CRUE), pero también exhorta al Estado a aprobar una nueva. “Hace falta una ley para poner sanciones. Un Ayuntamiento no podría poner sanciones sin más, hace falta una habilitación legal. Lo que queremos trabajar en la CRUE es un reglamento de convivencia, no de disciplina porque eso es competencia del Estado. Tenemos que seguir hablando con el Gobierno para que haya una base legal”, prosigue Collado, catedrático de Derecho Financiero y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Las enseñanzas universitarias se rigen por la LOU y los derechos y deberes de sus alumnos se desarrollan en el Estatuto del Estudiante Universitario, dos textos que se atienen a la Constitución. Sin embargo, ningún Gobierno ha tocado en estos 66 años el régimen disciplinario. El estatuto, aprobado en 2010, emplazaba a redactar un nuevo reglamento en un año, pero este no llegó. Los campus han desarrollado en democracia sus propios textos de disciplina, pero no han dudado de usar el franquista en el siglo XXI. Por ejemplo, el Rectorado de la Universidad de la Laguna denunció en los tribunales a 12 alumnos de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario por difamación y falta de honradez, aplicando este reglamento. Estos habían afirmado en una nota que se habían perdido 300 becas por la presunta “negligencia” de una facultad al entregar las solicitudes fuera de plazo.

En el último pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) se presentó una moción para su derogación y en una de las últimas reuniones del ministerio con los estudiantes estos reclamaron que se “creara un marco común entre las universidades para que no se generen desigualdades entre las diferentes universidades que afecten de forma negativa al estudiantado. “Solo derogarlo no es la solución”, explica Laura Alcaide, estudiante miembro del consejo.

La constitucionalidad de este reglamento ha sido cuestionada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo (1988 y 1989), que asumió su vigencia hasta que no se derogase. También el Defensor del Pueblo ha reclamado en tres ocasiones (1990, 2008 y 2012) su anulación. Los tribunales pueden no aplicarlo acogiéndose a una Ley orgánica del Poder Judicial (1985) por inconstitucionalidad.

Los socialistas, con Ángel Gabilondo como ministro, plantearon en 2011 un reglamento más de convivencia que sancionador que no llegó a aprobarse en el Parlamento. Con los populares, la Defensora del Pueblo Soledad Becerril remarcó su anacronismo en un informe en 2012 por existir “notorias carencias para ser aplicada a situaciones frecuentes”, como son el uso de las nuevas tecnologías para copiar en los exámenes o un trabajo o los derechos de autor. Pero el ministro José Ignacio Wert aparcó la idea. “Existen problemas más acuciantes que resolver en la Universidad”, justificaron entonces fuentes internas.

Es casi una cuestión personal de Castells. El ministro, que estudiaba en la Universidad de Barcelona, se instaló en París en 1962 huyendo del franquismo. “En 1962 iniciamos una serie de manifestaciones. Y claro que nos reprimieron y duro, aunque menos duro que a los obreros, porque todavía hay clases”, contó en una entrevista en La Vanguardia en 2018.

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